matadero-madrid

Somos el último eslabón en el trabajo que genera la gestión cultural pública de la ciudad de Madrid. Sin embargo, no trabajamos directamente para el ayuntamiento, la administración pública de la que depende esa gestión. Trabajamos para Madrid Destino, la empresa municipal que gestiona buques insignia de la cultura madrileña como son Matadero Madrid, Teatro Español, Fernán Gómez o Circo Price, pero dependemos de otra empresa, una de ‘servicios especiales’. Para quien no esté familiarizado, las empresas de servicios especiales sólo contratan a personas con discapacidad. Y es que todas las personas de este último eslabón, somos personas con un grado de discapacidad reconocido.

Por estos contratos, las mencionadas empresas son bonificadas en las cuotas a la Seguridad Social y optan a subvenciones y ayudas públicas por la contratación. Favorecen nuestra inclusión y al mismo tiempo, nos convertimos en un valor añadido.

A pesar de ser el último eslabón, somos las primeras personas en recibir al público con nuestro buen hacer y nuestra mejor disposición. Amamos la cultura y tratamos como queremos ser tratados.

Nuestras compañeras y compañeros de trabajo también son dados de alta por empresas distintas a Madrid Destino: de limpieza, vigilancia, mantenimiento, utillería, etc. Compartimos el mismo espacio, y cuidamos juntas que cada función, evento, exposición o acto, salga bien. Pero nos separan empleadores, contratos y categorías laborales.

Cada cierto tiempo sale a licitación los diferentes servicios que prestamos. Las y los trabajadores nos quedamos en un limbo laboral. La nueva empresa que obtiene la licitación puede continuar con el equipo que ya está desarrollando la actividad u optar por contratar a un nuevo equipo de personas. Lo que genera una vulnerabilidad laboral grave para la personas trabajadoras.
Dada la peculiaridad de nuestro caso (personas con discapacidad), la empresa ganadora suele ser otra empresa de servicios especiales que acaba optando por la subrogación. Es decir, por la continuidad de la plantilla.

En esa continuidad se supone que debieran contemplarse los derechos ya adquiridos en el puesto de trabajo: salario, categoría laboral, base de cotización, antigüedad, periodo vacacional, etc. Pero la realidad es que esto depende de la voluntad de la empresa ganadora. No nos quedamos en un limbo laboral sino que, a modo de ‘cromos intercambiables’ perdemos el valor como personas, y es la empresa la que decide cuánto valemos, o cuánto valen nuestros derechos. Vivimos la precariedad de la discapacidad.

Ante esta situación, lanzamos una pregunta: ¿Todo esto no sería más sencillo, más fácil, más ágil, si el ayuntamiento, la administración pública que nos compete, remunicipalizase los servicios culturales que son de todos los madrileños y madrileñas?

Guardar