Hoy, 8 de marzo, es un día de reivindicación y lucha. Un día en el que visibilizamos y reconocemos a aquellas que, contra viento y marea, se siguen enfrentando al poder como obreras y como mujeres. Un día en el que afirmamos que la realidad de la mujer trabajadora nos dibuja un mapa en el que la invisibilización, la pobreza, la discriminación y la violencia son aspectos definitorios. Un día en el que recordamos que la lucha de la mujer trabajadora ni es ni puede ser una lucha secundaria.

Las mujeres de clase obrera se enfrentan a diario a una doble discriminación: por ser obreras y por ser mujeres. La brecha salarial alcanza niveles vergonzosos y se concreta en cosas como la menor retribución de las mujeres por trabajos equivalentes (como ocurre, por ejemplo, en la diferencia entre limpiador/a y peón); infravaloración de categorías tradicionalmente femeninas (camareras de piso, planchadoras, cuidadoras…) o  diferencias  salariales  entre  sectores  feminizados  y  masculinizados.

Esta discriminación también se materializa en aspectos relacionados con el acceso al empleo, la promoción o la formación: establecimiento de criterios de selección  falsamente objetivos (por ejemplo, exigir un título de automoción para trabajar en una cadena de montaje); criterios basados en la disponibilidad horaria o, lo que es peor y más habitual, ausencia de criterios de selección, lo que permite a la empresa contratar de forma sexista sin más explicación; eliminación de determinados beneficios para categorías con sobre-representación femenina (como pluses, cobertura de vacantes o transformación de contratos temporales en indefinidos); establecimiento de cursos de formación fuera de la jornada laboral, etc.

Una precariedad reforzada por la reforma laboral

A esto hay que sumar que los contratos temporales en actividades de carácter permanente, los falsos contratos parciales con jornadas extenuantes o los trabajos por horas, sin cotización o sin contrato, afectan mayoritariamente a las mujeres.Todo ello debe ser entendido en base a que la inmensa mayoría de los cuidados informales y formales son llevados a cabo por mujeres y esas tareas, fundamentales para el mantenimiento de la sociedad, están profundamente infravaloradas. A este respecto, la última reforma laboral supuso una vuelta de tuerca más al llevar a cabo una regresión en lo referente a la restricción de la posibilidad de reducción de jornada, la impunidad de las empresas en la implementación de medidas por la igualdad y la eliminación de facto de cualquier atisbo de corresponsabilización entre hombres y mujeres.

La conciciliación se entiende como un derecho, no como una obligación. Es decir, no se puede obligar legalmente a un hombre a compatir las tareas domésiticas y que, por lo tanto, eso afecte a su situación laboral, de la misma manera que no se puede obligar a una mujer. La diferencia es que las mujeres están obligadas como consecuencia de la división de tareas en un sistema patriarcal, que es mucho más implacable que la ley.

Para rematar la faena, la paralización de la “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”, con su consecuente eliminación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidados familiares, supone no sólo la confirmación de que las personas dependientes no son consideradas sujetos de derechos sino que, además, esa pérdida de derechos debe ser extendida a las personas cuidadoras: que se verán todavía más aisladas, más empobrecidas y más dependientes de los ingresos de terceros.

La normalización de la desigualdad

Cuando las tareas domésticas se realizan de forma remunerada, la situación (mejorada con la entrada en vigor del “Real Decreto 1620/2011”) continúa siendo dantesca. Las Empleadas Domésticas son un sector que, simple y llanamente, no tiene reconocidos los Derechos Fundamentales que marca la Constitución Española y que está fuera del Estatuto de los Trabajadores: pueden tener el deber de pernoctar en su puesto de trabajo, además de las 40 horas semanales, pueden tener la obligación de encontrarse a disposición 20 horas semanales más (además de las horas extra); no tienen derecho a prestaciones por desempleo; su despido es más barato y cabe el mero desistimiento; no tienen derecho a la jubilación anticipada ni parcial; la posibilidad de inspección se encuentra limitada; la nulidad del despido nunca conlleva la readmisión y la jurisprudencia tasa la indemnización en caso de despido nulo al equivalente a un despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores.

La mujer trabajadora se enfrenta diariamente no sólo a estas situaciones sino también al hecho de que esas injusticias estén normalizadas en una sociedad machista. Esta normalización de la desigualdad es causa de la feminización de la pobreza, limita que las mujeres puedan enfrentarse a la violencia de género y dificulta, de forma directa, la participación de la mujer en las luchas sindicales. La lucha de la mujer trabajadora se ve habitualmente ignorada, menospreciada e incluso ridiculizada.

Para la CNT, es la clase obrera autoorganizada la que es capaz de analizar, comprender y revertir esas situaciones en una lucha que, por se obrera y libertaria, es necesariamente antipatriarcal. Por todo ello, en este 8 de marzo, los trabajadores y trabajadoras de la CNT volvemos a afirmar alto y claro que no, que no hay luchas de segunda, hay oprimidas de segunda y que, por ello, continuaremos enfrentándonos a la invisibilización, la pobreza, la discriminación y la violencia.